La Comisión de Asuntos Laborales y Transformación del Sistema de Pensiones para un Retiro Digno, presidida por el representante Domingo J. Torres García, atendió hoy, lunes, una medida que da seguimiento a los asuntos sobre el retiro digno relacionados a los miembros del Sistema de Rango de la Policía.
En vista pública, el Departamento de Seguridad Pública, la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), presentaron ponencias explicativas sobre el Proyecto de la Cámara 1111.
El representante Jorge Alfredo Rivera Segarra, señaló en un turno de preguntas sentirse satisfecho por las conversaciones que se generaron entre el ejecutivo y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) luego de radicada la medida de su autoría.
“Radiqué este proyecto el 6 de diciembre y la Junta se sentó a discutir el asunto el 21 de diciembre. Si nosotros no hubiéramos traído el tema a la discusión pública sobre los 6,200 policías que estaban en un limbo sobre su retiro, tal vez el ejecutivo no hacía nada”, resaltó Rivera Segarra.
Según el director legal de la Junta de Retiro del Gobierno, Nelson Vélez Colón, el 21 de diciembre la JSF instó una demanda ante el Tribunal Federal de Distrito para evitar la implementación de varias leyes de retiro, específicamente las Leyes 80, 81 y 82.
Por consiguiente, el 28 de diciembre de 2021 se presentó una estipulación entre el Gobierno y la JSF ante la jueza Laura Taylor Swain para que las partes llegaran a un acuerdo que proporcionara mayores beneficios de retiro a los miembros de la Policía que fueran consistentes con el Plan Fiscal certificado y el Plan de Ajuste.
La Junta anunció el Plan Fiscal revisado y certificado el pasado 27 de enero de 2022.
“El Plan Fiscal incluyó un Plan de Retiro Digno para los miembros de la Policías activos bajo la Ley 447 y la Ley 1, que designa alrededor de $850 millones de dólares, durante los próximos 15 años, para brindarles mayores beneficios en su plan de retiro”, mencionó Vélez Colón.
Vélez Colón no endosó el Proyecto “ya que no es jurídicamente posible realizar enmienda alguna a la Ley 81, toda vez que fue invalidada por el Tribunal Federal de Distrito”.
Por su parte, el director de la OGP, Juan Carlos Blanco Urrutia destacó a través de una ponencia “que para llegar a dicho acuerdo (mayores beneficio para el plan de retiro de los Policías), resultó necesario invalidar la Resolución Conjunta 33 y la Ley 80-2020, junto con la Ley 82-2020 y la Ley 82-2020”.
El director de la OGP señaló que el Proyecto es importante y loable, “porque persigue hacer justicia a los miembros del Sistema de Rango de la Policía de Puerto Rico”.
También, Blanco Urrutia resaltó en su memorial explicativo que en cuanto a la implementación de un programa de retiro incentivado basado en lo que se indica en la Ley 80-2020, “esas negociaciones continúan y se le solicitó un término hasta el 11 de junio de 2022 al Tribunal Federal”.
A su vez, el Proyecto de la Cámara 1111 propone eliminar de la Ley 81 los miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos, los miembros del Cuerpo de Oficiales de Custodia de Puerto Rico, y los técnicos de Emergencias Médicas, comúnmente conocidos como paramédicos, del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas y del Sistema de Emergencias Médicas Municipal, incluyendo los adscritos a las Oficinas para el Manejo de Emergencias.
La medida elimina a varios primeros respondedores de Bomberos y otras agencias, “porque una decisión del Tribunal de Primera Instancia de San Juan determinó que cualquier empleado miembro del sistema de rango del Negociado del Cuerpo de Bomberos puede ejercer su derecho de acogerse al Programa de Retiro Incentivado cumpliendo con los requisitos”, explicó Rivera Seguarra.
